Ochenta y tres desalojos previstos en Las Tablas en 2024

Medidas en Alcobendas ante la okupación de viviendas

Aunque en Las Tablas la incidencia es escasa, en Alcobendas la okupación de viviendas ha llevado al Ayuntamiento a extremar las medidas para abordar este problema social y de seguridad. Este fenómeno no solo es una infracción penal, sino que también genera preocupación e inseguridad entre los ciudadanos.

Actuaciones del Ayuntamiento

Durante 2024, el Gobierno municipal de Alcobendas realizó 83 desalojos, una cifra superior a años anteriores, donde se llevaron a cabo 63 en 2023 y 64 en 2022. Esta acción refleja una respuesta proactiva en la lucha contra la okupación.

Compromiso del municipio

El concejal de Seguridad, Carlos Rodrigo, afirmó que el Ayuntamiento no permitirá la vulneración de los derechos de los vecinos. "Nuestro plan contra la okupación combina prevención, respuesta inmediata y apoyo a los afectados, siempre dentro de la legalidad y en coordinación con los juzgados y la Policía Nacional". Las estrategias implementadas han demostrado eficacia, manteniendo este fenómeno bajo control en Alcobendas.

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Rápida intervención judicial

La Policía Local de Alcobendas ha innovado con un procedimiento de juicio inmediato. Si ocurre una okupación, se convoca a las partes en el juzgado de guardia en aproximadamente una semana, permitiendo al juez ordenar el desalojo y restitución del inmueble cuando sea necesario. En 2024, esta medida resolvió con éxito 14 casos.

Colaboración con la justicia

La Policía Local colabora con la justicia proporcionando acompañamiento y protección durante los desalojos judiciales. Es fundamental informar a las autoridades rápidamente ante cualquier indicio de okupación. Los números de contacto para emergencias son el 112, 092 o 091, además del servicio CECOM 112-Ocupación al número gratuito 900 205 112.

Apoyo a los ciudadanos

Este servicio brinda información sobre los aspectos legales de la okupación y las opciones para defender la propiedad ante la justicia. Además, facilita la intervención de las fuerzas policiales y ofrece asistencia a través de las oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD). Con una sola llamada, los afectados tienen acceso a los recursos públicos disponibles para enfrentar este fenómeno.

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